Tenemos miedo. Queremos saber
qué se llevará el agua consigo,
qué reclamará la tierra como propio

(…)

La apatía es lo mismo que la guerra,
las dos te matan, dice.

– Warsan Shire

Las organizaciones de migración y refugio en Chile tienen un largo recorrido en materia de defensa del derecho humano a migrar y el derecho al refugio. Cuando hablamos de esto último, nos referimos a que se garanticen los derechos humanos fundamentales de las personas inmigrantes y refugiadas y seamos consideradas sujetos de derecho independientemente de nuestra situación migratoria, documentaria, edad, identidad de género u orientación sexual, país de origen, etnia o cultura. Actualmente, como sector migrante nos encontramos en un escenario lleno de constantes adversidades, exclusiones e injusticias que aún están lejos de ser reparadas. Según el comunicado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes publicado en el mes de abril del presente año: la incapacidad para responder de manera efectiva y articulada, a la crisis humanitaria que atraviesa la región, sumado a las denuncias y advertencias que se hicieron en estos últimos cuatro años, por parte de instituciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, nos lleva a concluir que en Chile la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, fracasó.

El legado del Gobierno de Piñera dejó configurado una situación de extrema desigualdad para las comunidades inmigrantes, lo que genera un tremendo desafío para las nuevas autoridades en materia migratoria, quienes deben abordar este contexto, salvaguardando en toda ocasión la dignidad de todas las personas; contribuyendo finalmente a la construcción de políticas migratorias y públicas dignas de cara a la Formulación de la Política Nacional de Migración y Extranjería, que actualmente se encuentra en curso, y que deberá ser aprobada por el Consejo de la Política Migratoria, liderado por la Ministra del Interior y Seguridad Pública.

¿Qué legado hemos recibido del Gobierno de Sebastián Piñera? Una negación, por parte de su Gobierno e instituciones en materia migratoria, a implementar políticas de acogida a migrantes, la imposición de un enfoque securitario, junto con la ejecución de medidas que impidieron la migración ordenada, segura y regular, generando trabas para el ingreso regular, la criminalización hacia la migración (y en particular, hacia la migración empobrecida), la promulgación de una Ley de Migración y Extranjería selectiva, restrictiva y discriminatoria, la ejecución de procesos de regularización incompletos y que excluyeron a una buena proporción de personas migrantes que no tenían posibilidad de obtener la documentación de su país de origen, la vulneración del derecho al refugio y con ello la promoción abierta no sólo de la irregularidad migratoria y criminalización sino también deshumanización hacia las comunidades. A su vez, se generaron medidas represivas, con una fórmula fatal anti-inmigrantes, que tenía dentro de sus ingredientes la reiterada violencia institucional, la persecución, fiscalización y detención arbitraria de migrantes, las expulsiones colectivas ilegales, la militarización en fronteras, el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia contra migrantes y solicitantes de refugio en frontera, por mencionar algunos. Ante esto, también el racismo y la xenofobia llegó a niveles impensables, donde no sólo nos expusieron a una situación de vulneración y desprotección sino que deliberadamente se cometieron actos de violencia contra nosotras.

Lo cierto es, que el Gobierno de Sebastián Piñera promovió una campaña de odio deliberada hacia las comunidades inmigrantes que hasta hoy ha penetrado en lo profundo del sentido común, reproduciendo subjetividades que discriminan y rechazan todo aquello que signifique migrar. A pesar de los numerosos esfuerzos de las organizaciones e instancias de Derechos Humanos por denunciar estos hechos, las anteriores autoridades migratorias y sus asesores han quedado impunes. Sumado a lo anterior, en este período las organizaciones migrantes y promigrantes estuvieron fuertemente criminalizadas por su labor en la defensa de los derechos humanos, existiendo una violencia política sistemática.

Las expectativas están puestas sobre la mesa, en relación a que exista un cambio significativo en cuanto a la nueva administración y que se transformen esas políticas migratorias que han sido diseñadas e implementadas para violentar; hacia un horizonte en el que el quehacer político en esta materia busque dignificar a las comunidades e incluirlas (incorporando campañas para erradicar la criminalización, xenofobia y racismo), en vez de hacerlas responsables de su propia precarización, exclusión y empobrecimiento.

Y como decimos y seguiremos diciendo: la migración es un derecho humano, y más en estos tiempos.

Texto publicado originalmente en https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2022/06/el-legado-de-pinera-y-el-escenario-del-activismo-migrante-en-chile/