Contexto actual de la migración en Chile

En los últimos años, en América Latina y el Caribe se han evidenciado distintas tendencias migratorias, que van configurando un escenario regional complejo y que acentúa la urgente necesidad de que los Estados incorporen el enfoque de derechos humanos respecto de la movilidad humana, avanzando así en el abordaje de las migraciones intrarregionales desde una perspectiva integral, humanitaria, garante de derechos y libre de discriminación. Esto último ha sido un desafío, ya que, por el contrario, las situaciones experimentadas han profundizado las Fronteras, trayectorias y  desigualdades que ya se encontraban viviendo las personas inmigrantes y refugiadas, especialmente en la emergencia sanitaria por COVID-19. Aludimos a situaciones tales como el cierre y la militarización de fronteras; la implementación de medidas securitarias, junto a un despliegue desproporcionado de fuerzas armadas y policiales para ejercer funciones de control migratorio; el establecimiento de medidas restrictivas, selectivas y discriminatorias en las legislaciones en materia migratoria; la persecución y detención arbitraria de migrantes; la criminalización de la migración (particularmente de la irregular e indocumentada); la vulneración del derecho internacional, por mencionar algunas.

Particularmente en Chile, las comunidades inmigrantes viven hoy el legado de políticas reforzadas durante los últimos años, las cuales denominamos políticas anti-inmigrantes, basadas en un paradigma de seguridad e interés nacional, junto a la promoción abierta de campañas de odio hacia las comunidades inmigrantes, con grandes cuotas de racismo, xenofobia y aporofobia en ellas. Estas campañas sitúan a los cuerpos de las personas migrantes detrás de una barrera invisible permanente, similar a la frontera: en estas barreras, muros y fronteras simbólicas y físicas, las personas inmigrantes se enfrentan a riesgos y amenazas en sus trayectos migratorios, en sus caminos por recorrer y en sus intentos por integrarse a la vida cotidiana del país al que han llegado. El escenario para estas comunidades, en particular para quienes se encuentran en situación documentaria irregular, es gravemente adverso, puesto que la deshumanización hacia la migración irregular por ingreso clandestino se ha masificado y viene acompañada de una denegación sistemática de sus derechos humanos, justificado en discursos de “orden público” con tendencias ultranacionalistas, al mismo tiempo que se generaliza la instrumentalización de la temática migrante con fines político partidarios.

Las organizaciones sociales de migración y refugio han constatado y registrado esta serie de situaciones y abusos, en las que se evidencia no solo el abandono estatal y la desprotección (tanto de los países de origen como de Chile en su rol de país receptor), sino que se cometen de manera cotidiana actos de violencia contra estas comunidades: de violencia policial e institucional, violencia física, psicológica, simbólica, patriarcal, violencia contra las infancias, contra los grupos de especial protección, violencias que atentan contra su integridad y van socavando de a poco su vida.

Dentro de ello, han existido durante los últimos años múltiples nudos problemáticos: la negación de la entrada regular junto a la imposición de visas consulares, la eternización y ausencia de respuesta, o respuestas negativas injustificadas, en la tramitación de visas para quienes ya viven en el país, en conjunto con la promulgación de leyes y la aplicación de medidas contra las personas migrantes, con una promoción abierta a la irregularidad migratoria desde las propias instituciones y el señalamiento de que los migrantes serían prácticamente un enemigo público para el desarrollo social y económico del país. Otro de ellos es el cierre absoluto de las fronteras junto a su militarización; la criminalización de la migración en discursos oficiales y de autoridades de gobierno y la ejecución de expulsiones colectivas y deportaciones exprés (llamadas “reconducciones”). Si situamos la mirada solo en las fronteras de Chile, veremos cómo no solamente aumentaron los ingresos irregulares (con un récord histórico en 2021, año de mayores políticas restrictivas), sino que también aumentaron las muertes de personas migrantes en estos espacios, incluido el fallecimiento de mujeres, adultos mayores, personas con condiciones de salud crónicas e infancias migrantes. Ante esto, las medidas que más han resaltado han sido las deportaciones exprés en el reciente año, la ampliación de la zanja que han estado construyendo en la frontera entre Chile y Bolivia, la negligencia en la administración de albergues con motivos supuestamente humanitarios (y que se ubican a grandes distancias de los centros poblados) y el desalojo violento de personas migrantes en situación de calle de los espacios públicos de las regiones fronterizas, que se ven impedidas de transitar hacia otras regiones en Chile, y que tampoco pueden salir del país al que acaban de llegar.

Ante este panorama, una de nuestras mayores demandas como movimiento social migrante es la del reconocimiento de la migración como un derecho humano fundamental, que supone que las personas inmigrantes seamos reconocidas como sujetos de derechos, independientemente de nuestro país de origen, de nuestro origen étnico y cultural, o con independencia de nuestra situación documentaria o estatus migratorio, garantizando así el acceso en igualdad de condiciones a los derechos humanos que son universales, y a derechos como la salud, educación, alimentación, trabajo digno, para el desarrollo de nuestra vida en el país junto a las otras comunidades que aquí viven. Este acceso no es posible no solo para quienes ingresaron de manera irregular, sino también para quienes se encuentran en condiciones de irregularidad o semirregularidad migratoria2 debido a la violencia institucional, y a quienes se les hace imposible acceder a los sistemas de protección social por parte del Estado o incluso hacer trámites cotidianos.

Las existencias y resistencias desde las organizaciones migrantes y refugiadas

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes es una plataforma de organizaciones sociales de migración y refugio en Chile, agrupadas por una meta común que es la búsqueda del reconocimiento y respeto del derecho humano a migrar. Es un espacio organizativo que además promueve la defensa de los derechos humanos de las comunidades que migran.

Ante las situaciones relatadas con anterioridad, es evidente que nuestro habitar como migrantes se penaliza desde un sistema implacable que ubica a nuestros cuerpos en la ilegalidad de ser y en la imposibilidad de estar o residir (en las dimensiones política, jurídica, económica, social, cultural y comunitaria), además de promover en la sociedad en su conjunto la construcción de subjetividades que discriminan, violentan, segregan y someten a los cuerpos de las personas migrantes bajo una mirada racista y colonialista. Entonces, para nosotres, luchar por el derecho a migrar es también reafirmar continuamente que somos personas y que somos diversas, que tenemos derecho a ser amparadas bajo la legislación internacional, a que las legislaciones nacionales garanticen los derechos humanos fundamentales y que se generen mecanismos para nuestra regularización e inclusión, comprendiendo las realidades que enfrenta Latinoamérica actualmente. Exigimos el reconocimiento y el respeto de nuestras diversas comunidades y pueblos, así como también que se incorporen en las políticas públicas y migratorias enfoques antirracistas e interculturales.

Como organizaciones tenemos desafíos en todo orden, debemos contraponernos a las políticas que nos quieren llevar a la invisibilización, sometimiento, explotación, criminalización, desaparición. Enfrentar la agudización de la precariedad de la vida de las personas migrantes y refugiadas en Chile en tiempos de pandemia ha conllevado un aumento significativo de las capacidades de lucha y resistencia de las organizaciones comprometidas en ello, en distintos frentes y ámbitos, a pesar de las importantes dificultades para desplegar activismo en tiempos de tanta crisis.

Al considerar algunas de las más relevantes que ha llevado a cabo la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, surgen de inmediato las iniciativas solidarias que tuvieron como foco colaborar en el área de las necesidades alimenticias, en articulación con instituciones y otras organizaciones, como la Olla Popular Migrante, los Desayunos Migrantes y la entrega de canastas de alimentos a familias migrantes y chilenas.

Paralelamente, junto al Colectivo Sin Fronteras, se llevó a cabo una campaña por la Regularización Migratoria de la Niñez y Adolescencia con ingreso irregular en Chile, la cual ha permitido visibilizar esta realidad extraordinariamente grave y solicitar al Estado una respuesta urgente e integral, por las vulneraciones y efectos que conlleva para la niñez y sus familias (llamada Campaña por una Niñez con Derechos Sin Fronteras).

Otros hitos que destacaron en este período fueron las denuncias públicas respecto de las escasas y nefastas políticas públicas en materia de migración y refugio por parte del gobierno de Sebastián Piñera, junto a la tardanza e ineficiencia en materia legislativa y la implementación de medidas como las expulsiones arbitrarias, las barreras para solicitar refugio y obtenerlo, la criminalización de las personas migrantes en fronteras o el impedimento para la vacunación contra el COVID-19 a personas en condición de irregularidad migratoria, situaciones que motivaron la realización de varias marchas, encuentros, performances callejeras y el lanzamiento de la Campaña Ningún Ser Humano Es Ilegal3 . A su vez, tuvimos un papel activo en audiencias e instancias como el Congreso Nacional para visibilizar estas problemáticas a través de la incidencia política.

Mientras se generaban estas y otras muchas iniciativas, la organización se sumó activamente al proceso constituyente, tomando en cuenta la relevancia que este tiene para la construcción de una sociedad más justa y digna para todes, independientemente de la nacionalidad o la condición migratoria. Desde esa convicción se creó la Iniciativa “Migrantes por el Apruebo”, sumando esfuerzos para que en el plebiscito ganara la opción del cambio constitucional y movilizar el voto migrante. Luego vino la campaña con candidaturas constituyentes migrantes propias y la participación en la construcción de redes y articulaciones con otras organizaciones y movimientos sociales que han permitido dar mayor fuerza a las diversas demandas compartidas.

Hoy se continúa trabajando para que la nueva carta magna garantice el derecho a migrar y al refugio, así como el resguardo de los derechos humanos de migrantes y refugiades, pues de ello dependerá en buena medida la dignidad de las personas migrantes de hoy y del futuro.

Texto publicado originalmente en https://www.clacso.org/boletin-2-movimientos-migratorios-sur-sur-fronteras-trayectorias-y-desigualdades/